La Secretaría de Trabajo comenzará este lunes a convocar a empresas y sindicatos para actualizar acuerdos vencidos. La medida surge tras la reglamentación de la Ley 27.802 e incorpora cambios en negociación colectiva, representación gremial y condiciones salariales.
El Gobierno nacional avanzará con uno de los primeros efectos concretos de la reforma laboral al exigir la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo que ya cumplieron su plazo de vigencia. La tarea quedará a cargo de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, que iniciará las convocatorias para adecuar los acuerdos a las nuevas disposiciones incorporadas por la Ley 27.802.
Cambios en convenios y negociación salarial
La reglamentación estableció que los convenios vencidos deberán revisar aspectos vinculados a las condiciones laborales, los aportes solidarios y otras cláusulas que quedaron desactualizadas. Desde el Gobierno sostienen que muchos acuerdos fueron negociados hace décadas y necesitan incorporar transformaciones tecnológicas y nuevas modalidades de trabajo. En cambio, sectores sindicales cuestionan la medida y advierten que podría reducir derechos adquiridos por los trabajadores.
Entre las novedades aparece el denominado “salario dinámico”, una herramienta que permitirá incorporar componentes salariales variables asociados a la productividad, el desempeño individual o la situación económica de cada actividad. La administración nacional considera que este mecanismo facilitará acuerdos más flexibles, mientras que la CGT sostiene que abre la puerta a negociaciones salariales menos favorables para los empleados.
Más poder para acuerdos por empresa
Otro de los cambios centrales fortalece los convenios firmados a nivel de empresa o de región, incluso cuando establezcan condiciones diferentes a las pactadas para toda una actividad. La nueva normativa también reduce requisitos para la creación de sindicatos de empresa, al bajar del 20% al 5% el nivel de afiliación necesario para iniciar el proceso de reconocimiento gremial.
La reglamentación incorpora además el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para financiar indemnizaciones mediante un esquema de ahorro específico, y habilita nuevas herramientas como el reintegro de gastos de transporte y descuentos salariales destinados al pago de préstamos bancarios autorizados por los trabajadores. Mientras el Gobierno sostiene que estas medidas impulsarán el empleo y modernizarán las relaciones laborales, la dirigencia sindical mantiene sus cuestionamientos y anticipa nuevos debates en torno al alcance de la reforma.
