El Ejecutivo oficializó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral tras un fallo judicial y fijó beneficios para empleadores que registren trabajadores entre mayo de 2026 y abril de 2027.
El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el decreto 315/2026 y avanzó con un esquema que reducirá contribuciones patronales durante 48 meses. La medida alcanzará a empleadores que incorporen trabajadores sin empleo formal o con antecedentes recientes fuera del sector privado, en un intento por ampliar el empleo registrado.
Quiénes acceden y cómo se aplica el beneficio
El régimen incluirá a cuatro perfiles: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, trabajadores desempleados durante los últimos seis meses, ex monotributistas sin actividad en relación de dependencia reciente y quienes provengan del sector público. Las contrataciones deberán registrarse entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 y no podrán superar el 80 % del plantel total de cada empleador.
Para acceder, las empresas deberán estar inscriptas en ARCA desde diciembre de 2025 y cumplir con los requisitos formales. El decreto aclaró que ingresos adicionales del trabajador no afectarán el beneficio. En caso de incumplimiento, el empleador deberá reintegrar aportes con intereses y sanciones.
Reducción de aportes y esquema de control
El beneficio fijará alícuotas reducidas del 2 % y 3 % sobre contribuciones patronales. El primer tramo se distribuirá entre el sistema previsional, el empleo y asignaciones familiares, mientras que el segundo se destinará al INSSJP. La autoridad fiscal definirá los mecanismos de liquidación y control para garantizar la aplicación del régimen.
El esquema mantendrá la obligación de aportar al Fondo de Asistencia Laboral y exigirá adhesión formal para acceder a los beneficios, sin posibilidad de retroactividad. Además, el Gobierno prevé coordinar con el área social para sostener prestaciones en casos de trabajadores alcanzados por programas.
Contexto judicial y puesta en marcha
La reglamentación avanzó luego de que la Justicia habilitara la reforma laboral y restituyera la vigencia de artículos que habían quedado suspendidos. Con ese respaldo, el Ejecutivo aceleró la implementación de este capítulo, considerado central para incentivar la registración laboral.
El nuevo régimen se integrará a una estrategia más amplia de política económica y laboral, con foco en reducir costos de contratación y ampliar el empleo formal, en un escenario de ajuste fiscal y revisión del gasto público.
