La Libertad Avanza acercó posiciones con sectores dialoguistas sobre desalojos exprés y venta de tierras a extranjeros. El oficialismo también intentará avanzar con el acuerdo por la deuda con dos holdouts por más de u$s 171 millones.
El oficialismo en el Senado aceleró las negociaciones con bloques aliados y buscará dictaminar este miércoles el proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada. El debate se realizará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, luego de varios días de conversaciones entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y sectores provinciales dialoguistas.
Uno de los principales acuerdos sellados durante las negociaciones fue la eliminación total del capítulo vinculado al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), una definición que representó un revés para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien impulsaba transferir esa estructura a las provincias. Detrás de esa discusión apareció además el manejo de fondos millonarios vinculados a tierras y regularización dominial.
El proyecto también incorporó modificaciones sobre los llamados desalojos exprés. El oficialismo mantendrá la posibilidad de actuar rápidamente contra intrusiones, aunque sumará mecanismos de protección mínima para menores, personas con discapacidad y adultos mayores desamparados, con intervención de organismos provinciales y del Ministerio Público Tutelar.
EL SENADO TAMBIÉN BUSCARÁ APROBAR EL ACUERDO CON HOLDOUTS
Otro de los puntos sensibles de la negociación giró alrededor de la venta de tierras rurales a extranjeros. El nuevo esquema eliminará los antiguos límites generales por hectáreas o nacionalidad y dejará mayor margen de decisión a las provincias sobre sus territorios. Sin embargo, en zonas de frontera seguirá existiendo control nacional previo para habilitar operaciones vinculadas a Estados extranjeros o sociedades controladas por ellos.
En paralelo, el oficialismo también intentará avanzar con el acuerdo judicial entre la Argentina y dos fondos holdouts por más de u$s 171 millones, una iniciativa que el Senado no logró aprobar la semana pasada luego de que el Ejecutivo enviara cambios de último momento. El tratamiento volvió a comisión y ahora el Gobierno buscará acelerar el dictamen para llevarlo al recinto junto con la ley de propiedad privada.
Para defender el convenio ante los senadores expondrán el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el viceprocurador Juan Ignacio Stampalija; y el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton. El acuerdo prevé pagos por u$s 67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y u$s 104 millones a Attestor Value Master Fund LP, además de una cláusula que frenará nuevas demandas judiciales contra la Argentina mientras avance la operación.
