El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía y las autoridades del Banco Central por operaciones financieras que registraron pérdidas de USD 1.023 millones. También solicitó investigar a Juan Curutchet y preservar documentación clave.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y del director de la entidad, Juan Curutchet, por presuntas irregularidades en las operaciones con derivados financieros sobre las reservas de oro realizadas durante 2025. La presentación amplía una denuncia que menciona posibles delitos de administración fraudulenta contra el Estado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. El planteo se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que registró un resultado negativo equivalente a USD 1.023 millones. El pedido quedó bajo evaluación judicial y no implica una imputación formal ni una orden de arresto.
La auditoría y las responsabilidades que busca determinar Dalbón
El informe contable aprobado por la AGN el 8 de octubre consignó pérdidas por $1.469.155 millones, distribuidas entre USD 960,2 millones por resultados negativos de opciones y USD 62,8 millones correspondientes a primas. A partir de esos números, Dalbón reclamó investigar quién autorizó las transacciones, qué intermediarios participaron, cuáles fueron las comisiones abonadas y qué controles de riesgo se aplicaron. También pidió determinar si Caputo intervino en la estrategia de administración de reservas, si Bausili aprobó o ejecutó los contratos y si Curutchet, titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, participó en su supervisión. La denuncia plantea posibles responsabilidades individuales que todavía deberán ser acreditadas.
El letrado fundamentó su solicitud de detención en un presunto riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido al acceso que los funcionarios mantienen sobre documentación y áreas administrativas vinculadas con las operaciones cuestionadas. Como alternativas, propuso prohibiciones de salida del país, restricciones de acceso a dependencias oficiales y limitaciones de contacto con posibles testigos. Además, requirió actas del Directorio del BCRA, contratos financieros, informes de riesgo, registros de pagos y comunicaciones con el Ministerio de Economía entre 2024 y 2026. La presentación también solicita incorporar la auditoría sobre las reservas físicas de oro trasladadas al exterior y realizar una pericia contable independiente para establecer si existió un perjuicio patrimonial para el Estado.
El Banco Central rechazó las acusaciones y defendió su estrategia
La controversia se profundizó después de que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, cuestionara la magnitud del resultado negativo y advirtiera sobre los riesgos asociados a la utilización de reservas de oro en instrumentos financieros. Desde el organismo auditor señalaron que no existían antecedentes de una pérdida semejante en las cuentas examinadas, aunque el informe consideró razonables los estados contables generales de la autoridad monetaria. Frente a esas observaciones, el Banco Central rechazó el carácter especulativo atribuido a las transacciones y sostuvo que respondían a una estrategia de cobertura destinada a proteger el valor de las reservas ante eventuales caídas del precio internacional del metal.
La entidad presidida por Santiago Bausili argumentó que las pérdidas de los derivados no podían analizarse separadamente de la revalorización de las tenencias físicas de oro, que registraron ganancias contables por $8.002.500 millones durante el ejercicio. Según su explicación, la combinación de ambos componentes produjo un resultado neto positivo de USD 2.505 millones en 2025. El BCRA también cuestionó la interpretación de la conducción de la AGN y negó que las operaciones constituyeran maniobras especulativas. La resolución del conflicto dependerá ahora de la documentación que reúna la Justicia, las pericias financieras y la eventual determinación de responsabilidades penales, sin que hasta el momento las acusaciones formuladas por Dalbón impliquen culpabilidad acreditada.
