La iniciativa buscará atraer inversiones superiores a USD 1.000 millones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, energías renovables, litio y centros de datos. El oficialismo abrió negociaciones con el PRO y la UCR para reunir los apoyos necesarios en la Cámara baja.
El Gobierno nacional aceleró las conversaciones con los bloques aliados para impulsar el tratamiento del denominado Super RIGI, un régimen especial diseñado para captar grandes inversiones en actividades consideradas clave para el desarrollo tecnológico y energético. La propuesta ingresó en la agenda legislativa de Diputados y el oficialismo proyectó una sesión para el 24 de junio, aunque no descartó adelantar el debate si logra los consensos necesarios.
El proyecto otorgará beneficios fiscales por 30 años
La iniciativa contempló incentivos destinados a empresas que desembolsen más de USD 1.000 millones en proyectos vinculados con la producción de baterías de litio, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, data centers, inteligencia artificial y desarrollos relacionados con la cadena del uranio. Entre los beneficios previstos figuran una alícuota reducida en Ganancias, ventajas aduaneras, exenciones para exportaciones y un esquema de estabilidad regulatoria durante 30 años.
Durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, representantes del PRO y de la UCR manifestaron respaldo general a la propuesta, aunque reclamaron precisiones sobre algunos aspectos. Entre los planteos figuró la incorporación de un porcentaje mínimo de contratación de proveedores locales y una definición más específica sobre cuáles actividades integrarán el universo de las llamadas industrias del futuro.
La oposición cuestionó los alcances del régimen
Sectores opositores expresaron reparos sobre el alcance de los beneficios incluidos en el proyecto. Algunos legisladores advirtieron que el esquema podría generar ventajas excesivas para grandes compañías internacionales y cuestionaron la duración de las garantías ofrecidas por el Estado. También señalaron que determinadas controversias podrían resolverse en organismos internacionales de arbitraje, una cláusula que generó críticas dentro de varios espacios políticos.
Mientras el oficialismo busca avanzar con el dictamen en comisión durante las próximas semanas, la discusión quedó abierta entre quienes sostienen que el régimen permitirá atraer inversiones de gran escala y quienes consideran que el costo fiscal y regulatorio resultará demasiado elevado. La negociación continuará durante junio y definirá si el proyecto logra reunir la mayoría necesaria para convertirse en ley.
