Un plenario de comisiones en el Senado tratará esta semana el proyecto que agiliza la regularización de tenencia y prorroga el desarme anónimo para evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario.
El oficialismo aceleró las gestiones en la Cámara alta para convertir en ley la reforma del sistema de control de armamento antes de que finalice febrero. El proyecto, que ya contaba con la aprobación de Diputados desde el año pasado, propone un esquema de regularización excepcional para quienes poseen armas sin registrar y, en paralelo, extiende el Programa Nacional de Entrega Voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. Según explicaron desde el Ejecutivo, la intención radicaba en ofrecer una vía clara para que los ciudadanos opten por la legalidad o la destrucción del material a cambio de un incentivo económico.
Digitalización y control
Durante las reuniones informativas previas, las autoridades de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) señalaron que existía un universo de aproximadamente 800.000 armas en situación irregular en todo el territorio nacional. Los funcionarios indicaron que las barreras burocráticas y la escasa digitalización del sistema previo fomentaron la falta de registro. Por este motivo, la nueva normativa pretendía que la totalidad del trámite fuera digital de punta a punta, aunque aclararon que no se modificarían los requisitos de fondo para obtener la credencial de legítimo usuario, tales como la aptitud de tiro y el examen psicofísico.
Debate en comisiones
La discusión quedó fijada para este miércoles en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, junto a la de Justicia y Asuntos Penales. El texto original llevaba las firmas de la ministra Patricia Bullrich y el exjefe de Gabinete, quienes fundamentaron que la trazabilidad del parque de armas resultaba vital para cualquier política de seguridad ciudadana. Mientras el Senado retomaba esta agenda, otros sectores de la oposición dialoguista analizaban con cautela otros proyectos oficiales que aguardaban tratamiento en el recinto, vinculados a la propiedad privada y tierras rurales.
