La disputa por el control partidario escaló tras fallos judiciales y cambios en las intervenciones, con impacto en el armado electoral y en la estrategia frente al Gobierno nacional.
Las intervenciones en los PJ de Salta y Jujuy profundizaron la disputa entre el peronismo federal y el kirchnerismo, en un escenario atravesado por definiciones políticas y judiciales. La anulación de la intervención en Jujuy fue leída como un triunfo por el sector de gobernadores, que reclamó reglas claras y cuestionó el manejo partidario desde la conducción nacional.
Fallos judiciales y control partidario
El cambio de escenario en Jujuy dejó al partido bajo una conducción cercana a los mandatarios provinciales, lo que debilitó al espacio alineado con Cristina Kirchner. Desde ese sector sostuvieron que las intervenciones buscaron evitar elecciones internas competitivas y limitar la participación de dirigentes opositores dentro del PJ.
En Salta, la designación de Pablo Kosiner como interventor abrió una nueva etapa con la presentación de un cronograma electoral que fijó el 25 de octubre como fecha para los comicios internos. Sin embargo, referentes cercanos al gobernador Gustavo Sáenz impugnaron el esquema y llevaron el conflicto al plano judicial.
Elecciones, financiamiento y disputa política
El proceso interno quedó atravesado por debates sobre la validez de los padrones, los reglamentos y el financiamiento de la contienda. Mientras la intervención buscó avanzar en la organización electoral, sectores enfrentados denunciaron posibles maniobras para condicionar la competencia y excluir candidatos.
El conflicto reflejó una fractura creciente dentro del peronismo, con tensiones entre los gobernadores del norte y el kirchnerismo que exceden lo partidario y se proyectan sobre el escenario nacional. La disputa seguirá en los tribunales y en la estructura del PJ, en medio de un proceso de reconfiguración política.
