El Gobierno argentino exige que una embarcación chilena cumpla los requisitos para navegar hacia Malvinas y busca impedir que la nueva ruta comercial facilite la explotación petrolera de Sea Lion. Chile defiende la libertad de navegación y un diputado oficialista avaló el eventual abastecimiento a las empresas involucradas.
El Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente diplomático con Chile por la próxima reactivación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, en medio de la disputa con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. El conflicto gira alrededor del buque Danstar, operado por la empresa chilena Easter Island Logistics, que tiene previsto transportar mercadería hacia Puerto Argentino durante la segunda o tercera semana de diciembre. Aunque la naviera asegura que su actividad estará destinada exclusivamente al abastecimiento de la población isleña, en Buenos Aires existe preocupación por la posibilidad de que el corredor termine facilitando las operaciones de las compañías vinculadas con Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado aproximadamente 198 kilómetros al norte del archipiélago. La controversia se produce mientras Argentina espera una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), ante el cual presentó argumentos para solicitar medidas provisionales que suspendan las perforaciones y la eventual extracción de hidrocarburos. La decisión del organismo internacional está prevista para el 28 de noviembre, antes de la fecha estimada para el primer viaje comercial desde Chile.
La discusión entre ambos países se concentra en las condiciones de navegación hacia las Malvinas y las obligaciones que deben cumplir las embarcaciones que atraviesen aguas reclamadas por Argentina. El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades chilenas para garantizar que el nuevo servicio marítimo no contribuya a la explotación de recursos naturales en las islas. “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, y esto es lo que hemos conversado con el gobierno chileno y así se van a mantener”, afirmó. Quirno diferenció el Estrecho de Magallanes, cuya jurisdicción chilena reconoció expresamente, de las aguas que el buque podría atravesar posteriormente rumbo al archipiélago. Desde el Ejecutivo argentino señalaron que la empresa debería notificar su tránsito y solicitar las autorizaciones correspondientes cuando resulten exigibles por la normativa nacional. Sin embargo, el canciller chileno, Francisco Pérez-Mackenna, rechazó la interpretación argentina con una respuesta contundente: “Los países no piden permiso”. Chile fundamenta su posición en los tratados bilaterales de 1881 y 1984, además de las disposiciones internacionales sobre libertad de navegación, lo que deja expuestas las diferencias entre ambos gobiernos pese a la buena relación política entre Javier Milei y José Antonio Kast.
La empresa responsable del Danstar intentó despejar las sospechas sobre una eventual participación en las actividades petroleras y aseguró que su objetivo es establecer un servicio de abastecimiento comercial para los habitantes de las islas. Su gerente general, Pablo Pacheco, explicó que la embarcación transportará productos de consumo y materiales destinados a distintas necesidades de la población. “Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, sostuvo. Según la compañía, más de la mitad de las 1.200 toneladas de capacidad de carga ya se encuentra comprometida, mientras que el calendario definitivo dependerá de las condiciones operativas y meteorológicas. Sin embargo, el diputado chileno Alejandro Riquelme, integrante de la coalición oficialista de Kast, consideró que un eventual suministro a compañías petroleras tampoco constituiría necesariamente una actividad ilegal. “Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables”, afirmó. El legislador defendió la apertura comercial como una oportunidad para las empresas y los trabajadores de la región de Magallanes, donde se estima que la ruta podría generar un movimiento económico cercano a los 20 millones de dólares anuales. También sostuvo que el comercio con las islas no implica, por sí mismo, reconocer la soberanía británica, aunque admitió que las operaciones vinculadas con recursos naturales en disputa requieren un análisis específico.
La controversia también llegó al Congreso argentino, donde legisladores de la oposición presentaron iniciativas para limitar las actividades comerciales que puedan contribuir al aprovechamiento de recursos naturales en las Malvinas. La diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria, impulsó el expediente 5831-D-2026, que propone considerar como “no inocente” el tránsito de embarcaciones que se dirijan a puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o que transporten suministros relacionados con actividades militares, pesqueras, petroleras o logísticas en esos territorios. La propuesta contempla facultades para que la Prefectura Naval Argentina y la Armada intervengan ante determinados supuestos de navegación en aguas bajo jurisdicción nacional. Por su parte, el diputado Guillermo Michel presentó el expediente 5441-D-2026, mediante el cual busca que el Poder Ejecutivo denuncie dos acuerdos económicos con Chile relacionados con la protección de inversiones y la doble imposición tributaria. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, argumentó. A estas iniciativas se sumó un planteo del exministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero, acompañado por otros nueve diputados, para convocar al embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Desde Tierra del Fuego, el secretario provincial de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, también anunció una propuesta legislativa para establecer sanciones a navieras que operen con las islas sin autorización provincial. Todas estas medidas se encuentran en distintas instancias de propuesta o tratamiento y no constituyen restricciones ya vigentes sobre el viaje del Danstar.
Mientras se intensifican las discusiones diplomáticas y parlamentarias, la situación operativa del buque Danstar agrega incertidumbre sobre el inicio efectivo del servicio. Según la información difundida por la naviera, la embarcación partió de Valparaíso el 29 de octubre, pero sufrió demoras por condiciones meteorológicas adversas que la obligaron a detenerse en Puerto Montt y otros puntos de su recorrido. La empresa prevé que llegue a la región de Magallanes el domingo 15 de noviembre, donde deberá ingresar a las instalaciones de Asmar Magallanes para realizar tareas de mantenimiento antes de continuar hacia las islas. La salida definitiva hacia Puerto Argentino dependerá de la duración de esos trabajos y del estado del tiempo. En paralelo, fuentes navales argentinas señalaron que la embarcación dejó de aparecer en los sistemas de seguimiento marítimo durante varios días, presuntamente por la desconexión de su dispositivo de identificación automática, una situación que dificulta conocer su posición exacta. Desde Chile descartaron que resulte necesario disponer una escolta militar para el viaje y defendieron la continuidad de las operaciones comerciales conforme a los tratados vigentes. Para Argentina, en cambio, el principal desafío será evitar que la reapertura de la conexión marítima facilite la explotación de hidrocarburos en aguas cuya soberanía reclama, sin que la controversia derive en una escalada diplomática con un país vecino que históricamente respaldó el reclamo argentino sobre las Malvinas.
