Legisladores oficialistas y aliados anticiparon que la regulación de las sociedades automatizadas difícilmente avance en el corto plazo. Las advertencias internacionales sobre los riesgos de la inteligencia artificial profundizaron las objeciones dentro del Congreso.
El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó sin el respaldo suficiente para avanzar en el Senado. La resistencia se concentró en el capítulo que permite constituir empresas administradas mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin trabajadores ni intervención humana en sus operaciones habituales.
La iniciativa ingresó al Congreso el 1 de junio y comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora neuquina Nadia Márquez. El texto reemplaza la Ley 19.550, vigente desde 1972, y propone una reforma integral compuesta por tres capítulos y 277 artículos, que también incluye cambios en la definición del objeto social y una mayor digitalización de los procedimientos societarios.
El oficialismo no reúne apoyo para el capítulo automatizado
Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados reconocieron que el tratamiento perdería impulso debido al rechazo político que despertó la automatización de las sociedades. Incluso dentro del oficialismo surgieron legisladores que anticiparon su voto negativo. Algunas bancadas compararon el escenario con lo ocurrido con la Ley de Tierras, cuyo dictamen sufrió bajas cuando se aproximó la votación.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ya había planteado incorporar responsables físicos para garantizar consecuencias jurídicas ante las decisiones tomadas por los sistemas automatizados. La propuesta también recibió el respaldo del titular de la Inspección General de Justicia, Alejandro Ramírez, y del propio Sturzenegger. Sin embargo, las modificaciones no disiparon las dudas y varios senadores consideraban más viable aprobar la reforma general que acompañar el apartado específico sobre inteligencia artificial.
Las advertencias internacionales impactaron en el Congreso
El clima político cambió después de las declaraciones de especialistas vinculados con Anthropic, desarrolladora de Claude. El exinvestigador Jacob Coxon alertó sobre los posibles riesgos de futuros sistemas superinteligentes, mientras que Evan Hubinger, integrante del área de seguridad de la compañía, estimó una probabilidad superior al 10% de consecuencias catastróficas durante la próxima década si los nuevos modelos no fueran alineados correctamente. Esas opiniones reactivaron el debate sobre los límites regulatorios y la capacidad de los Estados para controlar tecnologías cada vez más autónomas.
El presidente Javier Milei defendió la adopción acelerada de la inteligencia artificial y sostuvo que su integración podría favorecer el desarrollo económico argentino. También respondió a las críticas del historiador Yuval Noah Harari, quien advirtió que reconocer personalidad jurídica a agentes de IA les permitiría poseer bienes, contratar trabajadores, iniciar acciones judiciales o financiar campañas. Milei argumentó que una empresa automatizada sometida a sanciones, embargos y disolución permanecería alcanzada por la ley, aunque ese planteo no logró revertir las objeciones legislativas al proyecto.
