Los cambios excluyen a fondos con participaciones indirectas en las empresas explotadoras e incorporan controles parlamentarios sobre el futuro Consejo de Seguridad Nacional. El oficialismo busca reunir las firmas para dictaminar este martes 27 de octubre, a las 16.
El Gobierno de Javier Milei modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional después de las advertencias estadounidenses sobre sus posibles efectos en empresas de ese país. La nueva versión concentra las sanciones por actividades ilegales en territorio argentino en operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos, mientras deja fuera a fondos de inversión con participaciones indirectas. Con esas concesiones, La Libertad Avanza intenta conseguir un dictamen de mayoría en el plenario de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, convocado para este martes, aunque persisten dudas sobre la cantidad de firmas disponibles.
Giudici negocia apoyos y Washington consigue limitar el alcance
La diputada Silvana Giudici quedó al frente de las conversaciones con los bloques dialoguistas para acercar posiciones. El texto original, cuyo impulso se atribuye al asesor Santiago Caputo, contemplaba penalidades que podían extenderse a compañías asociadas en otros negocios con las explotadoras. Ese alcance fue cuestionado durante la visita del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, a la Casa Rosada, en gestiones en las que también intervino el embajador Peter Lamelas. Las disposiciones apuntan, entre otros emprendimientos, al proyecto petrolero Sea Lion, promovido por Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas. Desde el Ejecutivo justificaron el recorte por la complejidad de los procesos judiciales y la posibilidad de afectar intereses de empresas nacionales.
Otro acuerdo con los aliados incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento, propuesta por Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para auditar al nuevo Consejo de Seguridad Nacional. El organismo seguirá presidido por el jefe de Estado e integrado exclusivamente por funcionarios del Ejecutivo, con facultades para aceptar o rechazar inversiones extranjeras en áreas estratégicas, como energía, telecomunicaciones, minería, defensa y actividades espaciales. La modificación establece que el Gobierno deberá informar a la bicameral dentro de las 48 horas sobre las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Cambios penales y un reclamo opositor que sigue abierto
El oficialismo también revisó el artículo que prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes alteren elecciones o manipulen la opinión pública por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero. La redacción ahora excluye expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses. El ajuste respondió a planteos de la UCR y a críticas de Unión por la Patria, entre ellas las formuladas por Agustina Propato. Además, se sumó como integrante permanente del Consejo al Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, y se precisaron funciones de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, sin fijar un orden de intervención entre ambos.
Pese a las modificaciones, Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas mantienen el pedido de dividir la iniciativa: proponen tratar por separado las disposiciones sobre Malvinas y las reformas vinculadas con inteligencia, seguridad interior, infraestructura crítica y desinformación. La Libertad Avanza sostiene el tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026. El resultado de las negociaciones determinará si consigue avanzar hacia el recinto o si Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, debe convocar otra reunión para continuar buscando respaldos.
