El Gobierno porteño confirmó que no incorporará el pago de nuevas indemnizaciones en los contratos de recolección de residuos que regirán desde 2028. La decisión enfrenta a la administración de Jorge Macri con el Sindicato de Camioneros, que reclama preservar ese beneficio para 6.500 trabajadores. Además, la Ciudad aplicará sanciones a las empresas que incumplieron…
La disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, ingresó en una etapa de mayor confrontación por el futuro del servicio de recolección de residuos. La administración de Jorge Macri ratificó que no financiará indemnizaciones por aproximadamente 200 millones de dólares en las próximas concesiones, previstas para el período 2028-2038, cuando los empleados mantengan sus puestos y su antigüedad laboral. La posición oficial se sostuvo durante la audiencia pública virtual del 5 de octubre, destinada a analizar los nuevos pliegos licitatorios. El conflicto involucra a 6.500 trabajadores y amenaza con profundizarse ante la advertencia sindical de realizar marchas, asambleas y medidas de fuerza para defender el esquema de compensaciones vigente.
Camioneros amenaza con paros y la Ciudad sancionará a las concesionarias
La tensión aumentó después de una movilización de recolectores frente a la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto Primo al 200, donde Pablo Moyano advirtió que el gremio recurriría a todas las medidas necesarias para sostener el reclamo indemnizatorio. En respuesta al incumplimiento de recorridos durante esa jornada, el Gobierno porteño resolvió aplicar penalidades a las empresas concesionarias que no prestaron el servicio previsto. La administración aclaró que las multas forman parte de los mecanismos habituales de control de la recolección y no constituyen una sanción específica contra Camioneros. Sin embargo, la medida agrega un nuevo punto de fricción porque las empresas deberán responder por las tareas que quedaron sin realizar durante la protesta, mientras el Ejecutivo local mantiene su decisión de no modificar los futuros contratos.
La discusión gira alrededor de una práctica sindical conocida informalmente como “Ley Moyano”, mediante la cual el gremio consiguió desde 1998 que, ante determinados cambios de concesionarias o de composición empresaria, los trabajadores fueran indemnizados y posteriormente reincorporados al mismo servicio. Según la interpretación del Gobierno porteño, ese mecanismo no constituye una obligación legal general y representa un beneficio injustificado cuando no existe una pérdida efectiva del empleo. La postura fue comunicada al secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, uno de los dirigentes de confianza de Hugo y Pablo Moyano. Para la administración de Jorge Macri, mantener ese sistema en las próximas licitaciones implicaría comprometer recursos públicos millonarios sin que necesariamente se produzcan despidos reales.
Una cláusula vigente obliga a pagar, pero quedará fuera de los nuevos contratos
La principal diferencia entre las posiciones oficiales y sindicales está relacionada con el alcance de las obligaciones establecidas en los contratos actuales. El Gobierno de la Ciudad reconoció que deberá afrontar las indemnizaciones previstas al finalizar las concesiones vigentes en 2028, porque el esquema actual contempla expresamente ese pago. El apartado denominado “Indemnizaciones Finales” dispone que las empresas calculen los montos correspondientes al personal y que, después de una auditoría, la administración porteña transfiera los fondos para efectuar las compensaciones. No obstante, los funcionarios confirmaron que esa cláusula no será incorporada a los nuevos pliegos, cuya aprobación se prevé dentro de tres o cuatro semanas. La adjudicación está proyectada entre octubre y febrero de 2027, mientras que las nuevas concesiones comenzarán a funcionar en septiembre de 2028.
El conflicto también plantea una controversia sobre la utilización de fondos públicos y la continuidad laboral de los recolectores. El artículo 19 de la Ley 4120, que regula el servicio de higiene urbana porteño, establece la obligación de garantizar la continuidad del personal, mientras que los contratos vigentes contemplan el financiamiento de indemnizaciones al concluir las concesiones. Para los sectores que cuestionan este esquema, ambas disposiciones generan una situación en la que los trabajadores pueden recibir compensaciones económicas sin interrumpir sus tareas ni perder antigüedad. El Sindicato de Camioneros, por su parte, considera esas indemnizaciones un derecho que debe preservarse. Con Jorge Macri decidido a excluir el beneficio de los futuros contratos y los Moyano dispuestos a intensificar las protestas, la negociación anticipa un enfrentamiento sindical y político que podría afectar la prestación del servicio de recolección en la Ciudad de Buenos Aires.
