La Casa Rosada no reunió votos para eliminarlas y abrió diálogo con aliados, con presión de gobernadores y foco en el costo fiscal del sistema.
El Gobierno nacional reconfiguró su estrategia en el Congreso ante la falta de mayoría para eliminar las PASO y avanzó en negociaciones con sectores aliados. Desde el oficialismo reconocieron que la anulación no logró consenso y comenzaron a evaluar alternativas, entre ellas la posibilidad de transformarlas en optativas, como una salida intermedia para sostener la reforma electoral.
Resistencias políticas y presión fiscal
El proyecto original encontró obstáculos en distintos bloques, incluidos espacios dialoguistas que defendieron el rol de las primarias como mecanismo para ordenar candidaturas y evitar rupturas internas. A ese escenario se sumó la presión de los gobernadores, que condicionaron la discusión en función de la caída de la recaudación y la reducción de transferencias nacionales.
En este contexto, el oficialismo entendió que debía flexibilizar su postura y priorizar acuerdos parciales. La opción de hacer las PASO no obligatorias apareció como una alternativa que podría reducir su impacto político y económico, sin eliminar completamente el sistema.
Negociación legislativa y armado electoral
La negociación avanzó en paralelo en el plano parlamentario y en el armado político. Referentes como Patricia Bullrich asumieron un rol central en la articulación con gobernadores y legisladores, mientras que dirigentes del PRO como Diego Santilli impulsaron acuerdos para construir una estrategia común, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO se mantuvo en tensión, con diferencias sobre el rol de las PASO en la definición de candidaturas. Mientras algunos sectores buscaron sostenerlas como herramienta de ordenamiento interno, el oficialismo insistió en su modificación por su impacto político y operativo.
Costo electoral y alternativas en debate
El Gobierno reforzó su planteo con el argumento económico al señalar que las PASO implican un gasto superior a 30.000 millones de pesos, lo que, según su visión, resulta incompatible con el actual escenario de ajuste. Este punto se convirtió en uno de los ejes de negociación con los distintos bloques.
En paralelo, el debate incluyó iniciativas como Ficha Limpia, que cuenta con mayor respaldo y podría avanzar por separado. La reforma electoral quedó así sujeta a un proceso de negociación más amplio, donde confluyen intereses políticos, fiscales y electorales, y donde el oficialismo busca una salida que le permita avanzar sin contar con mayoría propia.
