El plenario está previsto para mañana a las 16, aunque los viajes de algunos senadores a Estados Unidos ponen en duda el número necesario. El proyecto llega de Diputados con 236 votos a favor, después de las concesiones del oficialismo a los bloques opositores.
La nueva ley de discapacidad enfrenta en el Senado una primera dificultad: reunir a los legisladores necesarios para emitir dictamen. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, encabezada por Alicia Kirchner, buscarán tratar mañana la propuesta, después de que la semana pasada no fueran convocadas. El viaje de algunos senadores por las elecciones estadounidenses agrega incertidumbre a una discusión que apunta a reemplazar la emergencia vigente hasta fin de año.
Las concesiones que destrabaron la votación en Diputados
La media sanción reunió 236 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, tras una negociación en la que el Gobierno aceptó buena parte de las exigencias de los aliados y el kirchnerismo. Laura Rodríguez Machado fue una de las interlocutoras del oficialismo para cerrar el acuerdo y evitar una derrota que comprometiera a Martín Menem. El entendimiento también frenó la propuesta kirchnerista de prorrogar la emergencia hasta diciembre del año próximo y descartó el ajuste contemplado en la versión original del Presupuesto 2027.
El texto conserva las pensiones equivalentes al 70% de la jubilación mínima, su actualización por inflación y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso. También mantiene la compatibilidad con el empleo registrado y la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. A esto se suman el nomenclador universal, el arancel unificado y la cobertura de prestaciones básicas mediante Incluir Salud.
Fondos, auditorías y plazos para saldar deudas
El acuerdo identifica partidas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y prevé compensaciones del Tesoro cuando los recursos resulten insuficientes. Además, exige preservar el poder adquisitivo del ingreso por beneficiario respecto del año anterior. Si al sancionarse la norma quedaran deudas con prestadores, el Ejecutivo deberá presentar un cronograma dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.
La propuesta incorpora auditorías periódicas mediante cruces de información con ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS. Ante incumplimientos objetivos, permite suspensiones preventivas sujetas a un debido proceso inclusivo, con notificación y rehabilitación provisoria. La amplia mayoría obtenida en Diputados deja al proyecto con escaso margen político para modificaciones; la incógnita inmediata pasa por las firmas que puedan reunir Monteverde y Alicia Kirchner en el plenario.
