El proyecto prevé plazos más cortos para recuperar inmuebles ocupados y cambios en indemnizaciones. La iniciativa ya se definió en la Casa Rosada y será enviada al Congreso.
El Gobierno nacional avanzará con un proyecto de ley que buscará agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal y modificar aspectos clave del régimen de expropiaciones. La iniciativa se definió en una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, como parte de la agenda legislativa del nuevo período de sesiones.
El texto propondrá cambios en la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial y otras normas vinculadas al uso de inmuebles, con el objetivo de reforzar las garantías para los propietarios y acelerar los procesos judiciales.
Desalojos más rápidos y nuevos procedimientos
Entre los puntos centrales, el proyecto habilitará que la acción de desalojo sea iniciada no solo por el titular registral, sino también por locadores, usufructuarios y poseedores con derecho acreditado. Además, se establecerá el trámite por juicio sumarísimo, con plazos más breves.
La propuesta incorporará la entrega inmediata del inmueble en un plazo de hasta cinco días, con presentación del título de propiedad y caución juratoria. También autorizará el uso de la fuerza pública, allanamientos y apertura de cerraduras, incluso sin ocupantes en la propiedad.
Cambios en alquileres y notificaciones
El proyecto incluirá un esquema para casos de falta de pago, que exigirá al locador intimar al inquilino con un plazo mínimo de tres días antes de avanzar con el desalojo. En paralelo, habilitará notificaciones en domicilios electrónicos y flexibilizará los requisitos de identificación del inmueble.
Estas modificaciones buscarán simplificar los procedimientos y reducir los tiempos judiciales en conflictos vinculados al uso de viviendas.
Nuevas reglas para expropiaciones
En materia de expropiación, la iniciativa establecerá que la indemnización se actualice por IPC y deberá contar con al menos dos tasaciones independientes. Además, fijará que no habrá transferencia de dominio sin pago previo y completo.
También limitará la ocupación temporaria y excluirá su aplicación sobre empresas y participaciones societarias, al tiempo que habilitará la intervención judicial para garantizar la continuidad operativa en casos específicos.
