La Libertad Avanza consiguió dictámenes de mayoría para sus propuestas sobre pensiones y endeudamiento familiar, pero necesita sostener el respaldo de los bloques provinciales. La restitución de límites a la compra de tierras por extranjeros y los proyectos reclamados por los gobernadores forman parte de la negociación.
Después de frustrar la sesión opositora que buscaba rechazar el DNU 70/2023, el oficialismo intenta conservar esa mayoría mediante concesiones al PRO, la UCR y las bancadas provinciales. La estrategia consiste en tratar los asuntos impulsados por los bloques críticos, aunque con textos negociados por La Libertad Avanza. Así consiguió los dictámenes de mayoría sobre discapacidad y endeudamiento, que tendrán prioridad de tratamiento en el recinto. Sin embargo, las firmas obtenidas en comisión no despejan todas las diferencias y los diputados que responden a gobernadores volverán a resultar decisivos.
Tierras y discapacidad, las concesiones para sostener los apoyos
Una de las principales negociaciones permitió incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya pasó por el Senado, la restitución de la Ley de Tierras 26.737. A pedido de la UCR, el dictamen revierte la derogación dispuesta por el DNU y recupera restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, incluidos límites de superficie y condiciones para zonas con cuerpos de agua o próximas a fronteras. La salida busca contener a los aliados que cuestionan esa desregulación, pero rechazan la eliminación completa del decreto. El mismo proyecto también modifica las condiciones para las expropiaciones y la restitución de inmuebles ocupados.
En discapacidad, los libertarios acordaron con radicales y macristas un texto que conserva las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y el nomenclador universal de prestaciones. También permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuya remuneración no supere dos salarios mínimos. Aun así, Argentina Federal firmó en disidencia y reclama modificaciones. La incertidumbre aumentó después de que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconociera que el Ejecutivo pretendía otra reforma y evitara confirmar el retiro del capítulo correspondiente del Presupuesto 2027. Mientras el peronismo cuestiona diferencias en el acceso a Incluir Salud, las organizaciones del sector exigen cumplir la emergencia vigente y prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027.
Deudas familiares y proyectos provinciales, la otra disputa por los votos
Las diferencias también atraviesan el tratamiento del endeudamiento familiar. El proyecto oficialista propone educación financiera, información más clara sobre tasas y costos y mayores requisitos para los créditos digitales, sin establecer topes de intereses ni quitas. Para los préstamos mediante plataformas exige doble validación de identidad y aceptación expresa de las condiciones. En cambio, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas impulsan una emergencia de 180 días y un mecanismo de refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas totales del Indec, con una fórmula vinculada a la tasa TAMAR.
Para ampliar los respaldos, el temario incorpora el proyecto del PRO contra el vandalismo rural, la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras al Chaco y mayores controles de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo, como el fentanilo. Además, comenzó a discutirse en comisión la iniciativa de biocombustibles, con media sanción del Senado, que eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. Su impacto en Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe agrega una herramienta a la negociación: esos distritos reúnen alrededor de 15 diputados vinculados a sus gobernadores, cuyo acompañamiento puede definir las votaciones.
