La Cámara alta sesionará desde las 15 para debatir el convenio impulsado por el Gobierno de Javier Milei con dos fondos litigantes y convertir en ley la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas hasta 2027. El kirchnerismo prepara fuertes críticas contra la gestión libertaria.
El Senado volverá este miércoles al recinto con una agenda atravesada por temas económicos, judiciales y políticos que prometen una sesión cargada de tensión. El oficialismo buscará aprobar el acuerdo firmado entre el Estado argentino y dos fondos holdouts por un total de u$s171 millones, proyecto que luego deberá pasar rápidamente a Diputados antes del vencimiento previsto para fines de este mes.
El convenio establece que los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre los montos reclamados en sentencias dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto enviado al Congreso, la Argentina pagará u$s67 millones al primero y u$s104 millones al segundo.
La iniciativa llegó al Parlamento con las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Dentro del oficialismo consideran clave cerrar el litigio antes de que se complique el frente judicial y financiero en el exterior.
El acuerdo se encuadra dentro del mecanismo internacional denominado “Entrega contra Pago” (DVP), mediante el cual los fondos serán liberados de manera simultánea con la cancelación de bonos y obligaciones judiciales.
Además, el texto incorpora una cláusula de “standstill”, que impedirá a los acreedores iniciar nuevas demandas o interferir en operaciones financieras argentinas hasta la finalización completa de la operación.
Otro de los puntos que despertó atención política y judicial es que el convenio podría derivar en la finalización de investigaciones vinculadas a bienes argentinos en el exterior, incluyendo procesos de “Discovery” relacionados con cuentas bancarias, privatizaciones y activos financieros del país.
También debatirán la prórroga del plan de desarme
Durante la misma sesión, el Senado avanzará con la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, iniciativa que extenderá el sistema hasta el 31 de diciembre de 2027.
El proyecto ya había sido aprobado en Diputados durante 2024 e incorpora modificaciones vinculadas a la regularización de armas de fuego, simplificación de trámites y digitalización de registros.
Semanas atrás, durante el debate en comisiones, el director ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan, defendió el esquema impulsado por el Gobierno nacional y cuestionó la burocracia histórica del sistema.
“El exceso de papeles alejó al legítimo usuario de la registración formal”, sostuvo Allan, quien además remarcó que la actual gestión trabaja sobre dos ejes centrales: la digitalización total del RENAR y la simplificación de los mecanismos para permanecer dentro de la ley.
El funcionario aseguró que en los últimos dos años se produjo un incremento del 20% en la cantidad de armas y objetos registrados, que pasaron de 300 mil a 360 mil. Sin embargo, reconoció que todavía existirían alrededor de 600 mil armas en manos de usuarios legales.
“Allan también advirtió que las armas no desaparecen y que el Estado necesita contar con información precisa sobre su circulación y registración”, remarcaron durante el plenario legislativo.
El titular del organismo también explicó que los nuevos sistemas digitales permitieron detectar maniobras fraudulentas vinculadas a compras simuladas para organizaciones criminales. Según detalló, algunas personas adquirían armas legalmente para luego transferirlas a estructuras delictivas.
El kirchnerismo prepara críticas y habrá votaciones internas
La sesión también estará atravesada por fuertes cuestionamientos políticos de parte del kirchnerismo, que anticipó una batería de cuestiones de privilegio contra distintas medidas y decisiones del Gobierno libertario.
En paralelo, el Senado buscará aprobar la continuidad por cinco años del camarista federal Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, y votará además a un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa con respaldo del PRO.
Con esa designación, la Cámara alta terminará de completar el esquema interno de autoridades y dejará plenamente operativo su funcionamiento administrativo y parlamentario.
En el oficialismo creen que contarán con los votos necesarios para avanzar con los proyectos centrales de la jornada, mientras la oposición buscará instalar críticas sobre el rumbo económico, judicial e institucional del Gobierno nacional.
