El oficialismo y los bloques dialoguistas acercaron posiciones para abrir el recinto el jueves a las 11. El temario todavía debe confirmarse y persisten diferencias sobre el financiamiento de la reforma de salud mental.
La posibilidad de sesionar el jueves quedó sujeta a los últimos acuerdos entre La Libertad Avanza y la oposición dialoguista, que proyectan debatir la reforma de la ley de salud mental, un régimen de incentivos fiscales para inversiones desde USD 12 millones y la regulación de bonos de carbono. Los entendimientos surgieron de un encuentro en las oficinas de la UCR y deberán ratificarse en Labor Parlamentaria, junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La propuesta es comenzar a las 11, aunque todavía quedan diferencias por resolver. El tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que regresó de Diputados con modificaciones, quedó fuera de la convocatoria en negociación.
Salud mental: los fondos y el rol de los profesionales traban el acuerdo
El principal escollo para aprobar la reforma de salud mental pasa por el compromiso de financiamiento nacional en los convenios con las provincias. Ante las objeciones de algunos aliados, el oficialismo aceptó introducir una redacción que deje más explícito el aporte de recursos. También continúa la discusión sobre las atribuciones de médicos y psicólogos: el texto otorga prioridad a los primeros, preferentemente psiquiatras, en las decisiones más delicadas, mientras distintas jurisdicciones reclaman equiparar la intervención de ambas profesiones. Para las internaciones se contempla la firma de un médico con especialidad o formación en salud mental y de otro profesional. Las internaciones involuntarias deberán notificarse a un juez, sin que esa comunicación implique una autorización judicial previa.
La iniciativa también incorpora la ludopatía dentro de las adicciones, establece dispositivos diferenciados para niños, adolescentes y adultos y contempla la teleconsulta donde escasean especialistas. Para los pacientes menores de edad reconoce la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad. Además, delimita la representación familiar y obliga al Estado a garantizar apoyos comunitarios cuando no existan responsables. El proyecto prohíbe las prácticas manicomiales, prevé alternativas de atención ambulatoria y domiciliaria e incluye planes de egreso con seguimiento. También permite anticipar la aceptación o el rechazo de tratamientos y designar a una persona para expresar el consentimiento, con excepciones ante un riesgo grave para la vida.
Incentivos a inversiones y otra negociación por la ley de propiedad privada
El segundo proyecto central del temario es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi. La propuesta contempla beneficios fiscales para proyectos de grandes empresas desde USD 12 millones, destinados a actividades productivas dentro del país. Entre las inversiones alcanzadas figuran la compra, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, amortizables en el impuesto a las ganancias, y la ejecución de obras vinculadas directamente con la producción. Los automóviles quedan excluidos de ese esquema.
En paralelo, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General buscará emitir dictamen sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que Diputados devolvió al Senado en segunda revisión. La Cámara baja reincorporó el capítulo sobre tierras rurales con los límites previstos en la legislación de 2011: un 15% como máximo de titularidad extranjera, un tope del 30% por nacionalidad dentro de ese cupo y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La intención de quienes negocian su aprobación es aceptar el texto recibido y completar la sanción antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
