Javier Milei y otros funcionarios rechazaron la interrupción voluntaria del embarazo en distintas declaraciones. Sin embargo, la Casa Rosada aseguró que no existen consensos ni planes para modificar la Ley 27.610.
El Gobierno nacional volvió a cuestionar la legalización del aborto, aunque descartó por ahora enviar al Congreso un proyecto para derogar la Ley 27.610. Fuentes de la Casa Rosada afirmaron que el tema no integra la agenda legislativa y admitieron que el oficialismo no reunió los consensos sociales y parlamentarios necesarios.
El presidente Javier Milei relacionó la interrupción voluntaria del embarazo con la caída de la natalidad y las dificultades del sistema previsional durante su exposición en el Council de las Américas. Desde el Ejecutivo señalaron luego que la mención buscó explicar la posición económica del mandatario y no anticipó una iniciativa contra la normativa.
Funcionarios reforzaron el discurso provida
El canciller Pablo Quirno definió al Gobierno como defensor de la vida durante el anuncio de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. En paralelo, la Argentina adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una decisión que recibió críticas de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El secretario de Culto, Agustín Caulo, también rechazó la ley y respaldó la postura provida del Presidente. Pese a estas expresiones, el oficialismo diferenció las opiniones personales de una decisión institucional y aseguró que no impulsará la derogación en el corto plazo.
Legisladores libertarios mantuvieron sus proyectos
En 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza, encabezado por Rocío Bonacci, presentó una iniciativa para eliminar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Poder Ejecutivo tomó distancia y aclaró que la propuesta no recibió instrucciones presidenciales.
A principios de 2026, legisladores libertarios firmaron un compromiso para retomar el debate. El diputado Santiago Pauli reafirmó su intención de avanzar contra la norma, pero la Casa Rosada mantuvo otra estrategia: sostendrá su postura crítica sin incorporar la derogación de la Ley 27.610 a su hoja de ruta legislativa.
