El Ejecutivo formalizó dos decretos que distribuyen recursos entre áreas estratégicas del Estado y otorgan a Cancillería el control del régimen sancionatorio. Las nuevas exigencias también alcanzan a empresas que busquen ingresar al RIGI u obtener permisos hidrocarburíferos.
El Gobierno nacional publicó el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026 después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei, quien ratificó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Las normas reorganizan partidas del Presupuesto 2026 y establecen un procedimiento para investigar a compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. El anuncio oficial también anticipó una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de defensa de la soberanía.
Cómo se distribuirán las partidas presupuestarias
La modificación presupuestaria alcanza los $521.558 millones, aunque el impacto neto sobre el gasto será de $234.122 millones. El resto se cubrirá mediante reasignaciones internas por $288.475 millones, mientras que el Tesoro utilizará recursos acumulados provenientes de las últimas privatizaciones. Según la información oficial, la operación no alterará el resultado fiscal previsto para este año.
Las mayores partidas corresponderán al Ministerio del Interior, con $120.081 millones; la Jefatura de Gabinete, con $119.964 millones, y el Poder Judicial, con $111.210 millones. Los fondos estarán destinados a registros vinculados con el potencial humano, la fabricación de cuatro satélites SARE II A, políticas de ciberseguridad y sistemas de captación de comunicaciones.
La distribución incluye además $66.164 millones para el Poder Legislativo, $54.593 millones para Cancillería y $33.357 millones para Presidencia. El Ministerio de Defensa recibirá directamente $11.061 millones para el alistamiento de la Armada y la Fuerza Aérea y el planeamiento militar conjunto. También se asignarán recursos a Justicia y Economía para controles sobre lavado de activos, oferta pública y seguridad de presas.
Cancillería controlará el régimen de sanciones
El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Los organismos públicos tendrán cinco días hábiles administrativos para comunicar posibles infracciones. Una vez abierto el expediente, la persona o empresa investigada dispondrá de diez días hábiles para presentar su descargo y aportar pruebas.
Cumplida esa instancia, Cancillería contará con otros diez días hábiles para archivar las actuaciones o aplicar las penalidades correspondientes. La reglamentación también obliga a quienes soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o tramiten permisos petroleros a declarar que ellos y sus participantes directos o indirectos no intervienen ni intervendrán en operaciones prohibidas por la legislación argentina.
Las medidas surgieron ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Milei también anunció el envío al Congreso de una iniciativa que contempla un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen para infraestructuras críticas y nuevas herramientas de protección marítima y aeroespacial. A ese paquete se sumará la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
