La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral y conseguir la media sanción en el Senado en apenas 15 días. Sin embargo, Patricia Bullrich advierte que todavía no están garantizados los apoyos y teme que intenten responsabilizarla si el proyecto fracasa.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de acelerar el tratamiento de la reforma política que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) abrió un nuevo frente de conflicto dentro de La Libertad Avanza. La tensión enfrenta a la conducción política de la Casa Rosada, especialmente al sector que responde a Karina Milei, con la senadora Patricia Bullrich, quien mantiene diferencias sobre los tiempos y las posibilidades reales de aprobar la iniciativa. Mientras el oficialismo confía en conseguir los respaldos necesarios para avanzar con la media sanción, la legisladora considera que todavía no existen garantías suficientes para asegurar una votación favorable. Según trascendió desde su entorno, Bullrich sospecha que la insistencia en acelerar el debate podría dejarla expuesta a una derrota parlamentaria y permitir que otros sectores del Gobierno le atribuyan la responsabilidad del resultado. Ante ese escenario, evalúa realizar una comunicación pública para dejar en claro cuáles son sus responsabilidades en la negociación y marcar distancia de una estrategia legislativa que no comparte.
La controversia se profundizó luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmara que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias y manifestara la intención de obtener la media sanción de la reforma electoral en el Senado dentro de los próximos 15 días. Durante una entrevista con Radio Mitre, el dirigente ubicó la modificación del sistema electoral entre las principales prioridades legislativas del oficialismo, junto con el Presupuesto 2027. Sus declaraciones reflejaron la confianza de la conducción libertaria en que podrá alcanzar los acuerdos necesarios para aprobar el proyecto antes de fin de año. Sin embargo, esa expectativa contrasta con las advertencias que Bullrich trasladó en conversaciones internas. De acuerdo con versiones provenientes de su entorno, la senadora volvió a plantear sus dudas durante un intercambio con Diego Santilli, encargado de las negociaciones con los gobernadores. Santilli, por su parte, sostiene ante otros integrantes del oficialismo que los respaldos parlamentarios están disponibles. La diferencia entre ambas evaluaciones expone una disputa sobre quién conduce las conversaciones políticas y quién debe garantizar los votos para que la iniciativa avance.
En medio de estas diferencias, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, convocó a una reunión para el martes 17 de noviembre a las 15, con el objetivo de reactivar el tratamiento de la reforma electoral. El llamado se produjo después de aproximadamente dos meses sin actividad de la comisión sobre este asunto y volvió a instalar la discusión en la agenda parlamentaria. Aunque Bullrich conocía la convocatoria, mantenía sus reparos respecto de la posibilidad de reunir los apoyos necesarios para avanzar en las condiciones planteadas por el Ejecutivo. Uno de los principales obstáculos aparece en las negociaciones con los bloques dialoguistas del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), donde distintos legisladores condicionan su acompañamiento a que el oficialismo también impulse el proyecto de Ficha Limpia. Desde esos sectores transmitieron una advertencia que complica la estrategia de la Casa Rosada: “Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás”. De esta manera, el Gobierno enfrenta una negociación que excede la eliminación de las PASO, ya que deberá resolver las condiciones planteadas por sus posibles aliados para conseguir las firmas necesarias en comisión y posteriormente reunir una mayoría en el recinto.
La discusión parlamentaria también quedó atravesada por la disputa interna entre Bullrich y los sectores vinculados con Karina Milei, que mantienen diferencias sobre la distribución del poder y la conducción política dentro del oficialismo. En el entorno de la senadora interpretan que existe un intento de trasladarle el costo de una eventual derrota legislativa, una preocupación que sintetizaron con una frase: “Quieren tirarle un muerto”. La sospecha se relaciona con la posibilidad de que la Casa Rosada imponga un calendario de tratamiento sin contar previamente con los acuerdos necesarios y después responsabilice a la conducción del bloque oficialista en el Senado por no haber conseguido los votos. La situación recuerda, para algunos dirigentes cercanos a Bullrich, los enfrentamientos que el Gobierno mantuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien distintos sectores libertarios señalaron en otras oportunidades por las dificultades parlamentarias del oficialismo. Sin embargo, la posición de Bullrich presenta diferencias importantes: conduce un bloque legislativo, mantiene una agenda política propia y conserva capacidad de negociación dentro del Senado. Ese margen de autonomía le permite discutir la estrategia oficial y evaluar una respuesta pública si considera que las decisiones de la conducción nacional perjudican su posición.
El enfrentamiento también se desarrolla en un contexto de especulaciones sobre el futuro político de Patricia Bullrich y su eventual participación en la fórmula presidencial de 2027. Desde su círculo cercano aseguraron que la senadora perdió interés en una posible candidatura a vicepresidenta y que actualmente prioriza su actividad parlamentaria. Según esas versiones, “cada día tiene menos interés en ocupar la vicepresidencia” y “no se siente cómoda con la dinámica interna del oficialismo”. En ese marco, sus colaboradores remarcaron que todavía tiene varios años de mandato por delante y que su objetivo inmediato es concentrarse en la aprobación de iniciativas legislativas. La reforma política aparece así como una prueba para la convivencia entre los distintos sectores de La Libertad Avanza, porque el resultado no dependerá únicamente de la posición de Bullrich, sino también de los acuerdos que puedan alcanzar Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem con los bloques aliados y los gobernadores. Mientras la Casa Rosada insiste en acelerar la eliminación de las PASO, la falta de consensos y las diferencias sobre la responsabilidad de conseguir los votos amenazan con profundizar una interna que ya excede el debate electoral y alcanza la organización del poder dentro del Gobierno.
