Una revisión de haberes permitió descubrir acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Diez militares afrontan un proceso disciplinario que podría terminar en destituciones, mientras la Justicia Federal investiga a 24 personas.
La maniobra comenzó a quedar expuesta en febrero de 2026, cuando una teniente detectó suplementos salariales injustificados para cinco agentes del Departamento Revista. Ante la ausencia de sus superiores, la oficial informó directamente a la Jefatura de Administración Financiera. La revisión posterior identificó 645 transferencias a 23 beneficiarios, por un monto histórico de $981.148.567,88.
Los investigadores establecieron que las primeras operaciones sospechosas aparecieron en julio de 2022, coincidentemente con la llegada del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff a la conducción del área encargada de liquidar los salarios. La investigación administrativa lo señaló como presunto responsable del mecanismo, aunque la Justicia deberá determinar si actuó solo o contó con la participación de otros integrantes de la fuerza.
Archivos modificados después de los controles
El Departamento Revista administraba los haberes de unas 24.500 personas y procesaba cerca de $65.000 millones mensuales. Según la reconstrucción interna, los responsables aprovechaban fondos liberados por bajas, retiros o bloqueos de pagos para introducir transferencias sin respaldo. Las alteraciones se realizaban sobre archivos TXT destinados al Banco Nación, después de los controles ordinarios y antes de ordenar las acreditaciones.
El punto de inflexión ocurrió entre el 19 y el 20 de agosto, cuando la misma teniente encontró un pago a nombre de María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff y sin vínculo laboral con la Armada. Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. En total, cuatro personas externas a la institución concentraron $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del dinero investigado.
Diez militares podrían ser destituidos
El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó a los uniformados involucrados e inició una instrucción por una falta considerada “gravísima”. El proceso disciplinario alcanza a Atanasoff, ocho capitanes de corbeta y un suboficial, quienes tendrán derecho a presentar descargos y pruebas. Si las acusaciones quedan acreditadas, la sanción podría incluir la pérdida del grado y la expulsión definitiva de la fuerza.
En paralelo, el fiscal federal Ramiro González impulsó la causa penal y pidió al juez Sebastián Ramos peritajes sobre las computadoras utilizadas, registros del Banco Nación y legajos de los involucrados. Hasta la presentación de la denuncia se habían recuperado $42.574.267,63, mientras permanecían pendientes $938.574.300,25. La investigación judicial deberá establecer el destino final del dinero y el grado de responsabilidad de cada uno de los 24 investigados.
