La administración de Javier Milei resolvió no volver a impulsar, al menos en el corto plazo, la reforma de la Ley de Tierras después de retirar el capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La falta de respaldo político también alteró el cronograma de otras iniciativas de desregulación que preparó el Ejecutivo.
El Gobierno nacional abandonó por ahora el intento de modificar la Ley de Tierras luego de varios meses de trabajo sobre una reforma que contó con el respaldo del presidente Javier Milei y distintos integrantes del Gabinete. La resistencia de sectores aliados, bloques opositores y organizaciones sociales dejó al oficialismo sin los votos necesarios y llevó a retirar el apartado antes de la votación del proyecto de Propiedad Privada.
La decisión impactó directamente sobre la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien promovió la modificación. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordó quitar ese capítulo para evitar que el rechazo pusiera en riesgo el resto de la iniciativa. La negociación también involucró al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a su vice, Ignacio Devitt.
El oficialismo descartó presentar la reforma en un proyecto separado
La propuesta original apuntó a derogar la Ley de Tierras sancionada en 2011, que estableció restricciones para la adquisición de superficies rurales por extranjeros. Frente a las dificultades parlamentarias, el Gobierno analizó una alternativa que elevó del 15% al 25% el límite permitido, pero tampoco consiguió los apoyos suficientes para incorporarla al texto definitivo.
Tras ese resultado, el Poder Ejecutivo no enviará en el corto plazo un proyecto independiente para modificar la normativa vigente. La reforma también provocó movilizaciones frente al Congreso, incluso después de que el oficialismo confirmó la eliminación del capítulo. Desde el área de Desregulación defendieron la iniciativa bajo el argumento de ampliar la libertad para adquirir y explotar tierras, aunque esa posición no alcanzó para destrabar la discusión política.
El traspié obligó a reordenar parte de la agenda que impulsó Sturzenegger. Su cartera concentrará ahora los esfuerzos parlamentarios en “Hojarasca”, un conjunto de modificaciones y derogaciones normativas que ya ingresó al Congreso, mientras otros proyectos preparados por el Ministerio quedarán sujetos a los tiempos y respaldos que consiga el oficialismo.
El Ejecutivo postergó otras reformas y priorizará dos proyectos
El Ministerio también terminó en julio otro paquete de desregulación de 349 artículos, centrado principalmente en el mercado inmobiliario pero con modificaciones para distintos sectores económicos. Entre sus puntos figuran la eliminación de matrículas profesionales obligatorias, la supresión de aranceles y honorarios mínimos y cambios en las exigencias para ejercer determinadas actividades.
Ese proyecto también propuso eliminar restricciones geográficas para operar entre jurisdicciones y modificar las facultades sancionatorias de los colegios profesionales. Sin embargo, el Gobierno no lo ubicará entre sus prioridades legislativas inmediatas después de las dificultades que encontró para reunir respaldos en el Congreso.
Antes de avanzar con esos paquetes, el Ejecutivo buscará aprobar una nueva Carta Orgánica del Banco Central y modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas podrán llegar al debate de la Cámara de Diputados hacia fines de agosto, mientras la reforma de la Ley de Tierras quedará fuera de la agenda oficial por el momento.
